Este post es propicio para explicar los polémicos orígenes de esa fecha y su celebración, que no solo nos sirven para reflexionar sobre la tarea del juez en un Estado de derecho, sino para explicar cómo empezó a funcionar nuestro sistema de justicia.
Curioso. Este día fue instituido durante un gobierno no precisamente democrático y respetuoso del Estado de derecho: el régimen de facto del general Juan Velasco Alvarado. Sí, el día fue establecido durante el régimen del mismo personaje que hacia 1969 destituyó, manu militari, a los jueces de la Corte Suprema (mediante el DL 18060 del 23 de noviembre de 1969) y designó a sus reemplazantes.
En el Perú, a partir del año 1971, todos los 4 de agosto se celebra el Día del Juez. La fecha fue establecida por Decreto Ley 18918 del 3 de agosto de 1971, expedido durante el gobierno de facto del general de división EP, Juan Velasco Alvarado.
Ese día fue elegido en recuerdo de la fecha en que el Libertador don José de San Martín San Martín creó la Alta Cámara de Justicia (órgano llamado a sustituir a la Real Audiencia española y a los oidores, y que constituye el antecedente remoto de la actual Corte Suprema de Justicia de la República), vale decir, el 4 de agosto de 1821.
Rememorando los primeros años de nuestra historia republicana, encontramos que el 4 de agosto de 1821, pocos días después de haber sido declarada la independencia del régimen español, hace 186 años, don José de San Martín, inspirado en el propósito de centralizar el poder en el nuevo Estado en formación, a la par que dispuso la demarcación del territorio liberado y trazar el derrotero de la administración de justicia, instituyó en la ciudad de Lima la Alta Cámara de Justicia, para reemplazar a la Real Audiencia española y a los oidores, acto que fue precedido cinco meses antes, el 12 de febrero de 1821, por la determinación de establecer el departamento de Trujillo con jurisdicción septentrional y, al mismo tiempo, crear la Cámara de Apelaciones con sede en esa ciudad.
Alta Cámara de Justicia que por lo demás estuvo integrada por un presidente, ocho vocales y dos fiscales (uno para las causas civiles y otro para las criminales), y que es el antecedente remoto de la actual Corte Suprema de la República, máxima instancia de la administración de la justicia en el país.
De esta manera, San Martín, al crear la Alta Cámara de Justicia, en muestra de respeto hacia el Poder Judicial, prometió que se abstendría de mezclarse “en el solemne ejercicio de las funciones judiciarias, porque su independencia es la única y verdadera salvaguardia de la libertad del pueblo“, aparte de reconocer la necesidad impostergable de “deshechar las reliquias de instituciones que nos dio el despotismo y hacer sentir a los pueblos el beneficio de la libertad“, toda vez que “en los Estados libres, el culto a la justicia es una de las garantías del orden social“.
Siglo y medio después de la creación de la Alta Cámara de Justicia por José de San Martín, por Decreto Ley N° 18918 del 03 de agosto de 1971, el General de División EP Juan Velasco Alvarado, Presidente de facto, designó el 04 de agosto como “Día del Juez”, en recuerdo de la anterior fecha, para enaltecer la Magistratura Nacional y con el propósito de estimular la cultura jurídica y la solidaridad profesional entre los ciudadanos encargados de administrar Justicia en la República.
Empero, no debe dejar de recordarse que fue el mismo presidente Juan Velasco Alvarado quien en 1969 destituyó a los miembros de la Corte Suprema (D.L. N° 18060 del 23.11.69) y designó de motu proprio a sus reemplazantes, y que el mismo año 1971 (D.L. 18831 del 13.04.71 y D.L. N° 18985 del 12.10.71) creo y organizó el malhadado Consejo Nacional de Justicia (mala copia de la propuesta del organismo técnico de similar denominación que el ilustre patricio Manuel Vicente Villarán propuso en el anteproyecto de la Constitución de 1933). Consejo Nacional de Justicia que se convirtió en un ente controlado por el gobierno militar, que estableció un inaceptable tutelaje para el nombramiento de los magistrados, convirtiéndose en un mecanismo intervencionista negatorio de la independencia del Poder Judicial y, que finalmente, llegó a fracasar estrepitosamente al haber politizado la designación de los magistrados, aparte de pretender cambiar el sentido de sentencias, de destituir y deportar por consignas políticas a magistrados de la Corte Suprema y a distinguidos miembros del Colegio de Abogados de Lima.
Es decir, el gobierno militar de Velasco con una mano reconoció declarativamente la alta misión de la magistratura nacional y con la otra, manu militari, diluyó la autonomía e independencia de los integrantes del Poder Judicial.
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