Se requiere con urgencia modificar norma sanitaria para la disposición de cuerpos de personas fallecidas por COVID-19 priorizando la inhumación en condiciones de bioseguridad.
La Resolución N°100-2020 del Ministerio de Salud aprobó la Directiva Sanitaria N°087-2020-DIGESA/MINSA para el manejo de los cadáveres por COVID-19, en ella se establece que los cuerpos de aquellas personas que fallecen a causa de esta enfermedad sean incinerados. Sin embargo, el número de crematorios públicos, en la práctica, hacen imposible que esta norma se aplique. En este contexto, la Defensoría del Pueblo recomienda la modificación de esta disposición, en consonancia con la situación actual del país.
En Lima Metropolitana funcionan solo dos crematorios públicos, ubicados en los distritos de El Agustino y Chorrillos, a un precio por servicio de S/1650 cada uno. También, hay 4 crematorios privados, cuyos precios oscilan entre los S/1800 y S/3900. Esta última tarifa representa cuatro veces la remuneración mínima vital.
Según un mapeo efectuado en todo el país por los comisionados de la Defensoría del Pueblo, se comprobó que en la Provincia Constitucional del Callao y en la región Junín funcionan otros dos crematorios públicos: el primero con una tarifa de S/760 y el segundo de S/ 4000, y cuando se incluye el servicio funerario el precio sube hasta los S/5000. Llama la atención la diferencia de precios en un mismo servicio brindado por el Estado.
En el resto del país, la Defensoría del Pueblo ha verificado que las regiones de Áncash (Chimbote), Cusco, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martin, Tacna y Arequipa, solo cuentan con crematorios privados con precios que oscilan entre S/1500 y S/5000, en un contexto económico sin generación de ingresos. Cabe precisar que en el Callao también se cuenta con crematorio privado que cobra S/2500 por el servicio.
Ante esta realidad, la Defensoría del Pueblo invoca al Ministerio de Salud emitir con urgencia una nueva directiva que permita que quienes lo necesiten cuenten con los servicios de inhumación, lo que a su vez exige, tener al alcance bolsas herméticas resistentes a fluidos para preservar la bioseguridad.
De la misma manera, en un momento tan doloroso, puedan contar con servicios de cremación accesibles, garantizando también condiciones de bioseguridad en el manejo del cuerpo de la persona fallecida.
Por otra parte, resulta necesario exhortar a la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – Digesa hacer un refuerzo del nivel de fiscalización que se viene ejerciendo en esta práctica.
La Defensoría del Pueblo, en atención a su rol supervisor y garante de derechos humanos, seguirá vigilando el cumplimiento de las medidas de seguridad durante el estado de emergencia.
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