La congresista Ariana Orué, representante de Podemos Perú, denunció públicamente haber sido víctima de extorsiones y amenazas, las cuales están vinculadas con el reglaje al que fue sometida debido a sus labores de fiscalización en el Callao.
Dijo que estas acciones intimidatorias comenzaron poco después de haber iniciado sus funciones, momento en el que decidió emprender una campaña de control sobre las gestiones de las autoridades chalacas.
La Congresista Orué criticó con firmeza la falta de ejecución de más del 50% de los proyectos de inversión por parte del gobierno regional y de la alcaldía provincial del Callao, así como las irregularidades detectadas en la gestión del alcalde Spadaro del balneario Costa Azul, cuando fue alcalde de Ventanilla.
Estas denuncias intensificaron el acoso, extendiéndose incluso a personas de su entorno cercano, quienes recibieron amenazas en sus propios domicilios.
La situación llegó a tal extremo que la congresista fue objeto de vigilancia y se intentó ingresar a su vivienda en varias ocasiones.
Por ello, decidió usar un chaleco antibalas para proteger su vida, señalando que vive en un asentamiento humano donde el peligro es aun mayor.
Pese a la gravedad de los hechos, Orué señaló que la seguridad que recibe por parte del Congreso es insuficiente, pues solo la protege un policía durante el día, quedando desprotegida en horas de la noche.
Ariana Orué solicitó mayor seguridad y transparencia a varias instituciones, como el Hospital Alcides Carrión, mediante oficios formales, pero las respuestas fueron escasas o nulas.
Ante este escenario, hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas que garanticen la seguridad no solo de los funcionarios, sino también de aquellos que, como ella, buscan cambios estructurales en la administración pública.
“Necesitamos un compromiso real de las autoridades para frenar estas amenazas y proteger a quienes nos arriesgamos por un país más transparente”, concluyó la parlamentaria.
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