No se contará con financiamiento para otorgar beneficios
estatales a personas vulnerables con discapacidad
La Contraloría General de la República (CGR), a través del Informe de Orientación de Oficio n° 005-2026-OCI/1619-SOO, alertó que la Municipalidad Distrital de Bellavista incumple con asignar el presupuesto destinado a financiar las actividades de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED).
La comisión de control verificó que entre el 25 al 28 de mayo de 2026, la entidad no asignó el 0,5 % del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), señalada por la normativa vigente, para financiar el gasto destinado a la realización de obras, reparaciones o adecuaciones en beneficio de las personas con discapacidad.
En ese sentido, la comisión de control también alertó que se perjudicaría la realización de acciones de mantenimiento destinados a mejorar o proveer de accesibilidad a la infraestructura urbana de las ciudades.
Asimismo, se evidenció que parte de los recursos vinculados al cumplimiento de la Ley n.° 32139 fueron programados en otras actividades presupuestarias, como estudios de preinversión, sin encontrarse distribuidos conforme a lo establecido en el reglamento de la citada norma.
En efecto, el presupuesto de la Municipalidad de Bellavista para el año 2026 asciende a S/. 83'97,179.00, siendo el 1 % (S/ 839,741) el importe que debió ser programado para la atención de personas con discapacidad. Sin embargo, la entidad asignó S/ 832,324. Incluso, se verificó que la categoría de gasto de capital cuenta únicamente con una asignación de S/ 50,240, monto que no corresponde al 0.5 % del PIA destinado a inversiones, obras, reparaciones, adecuaciones o mantenimiento.
La Contraloría concluyó que la insuficiencia presupuestal identificada compromete la capacidad operativa de la OMAPED para desarrollar funciones de orientación, registro, empadronamiento, articulación institucional y seguimiento de trámites vinculados a personas con discapacidad, limitando además el cumplimiento de los objetivos previstos para la gestión local en materia de inclusión y protección de derechos.
Asimismo, determinó que la reducción de recursos asignados pone en riesgo el acceso oportuno de las personas con discapacidad a beneficios estatales, el pase libre en el transporte público, becas educativas y otros mecanismos de apoyo social cuya tramitación y articulación dependen directamente del adecuado funcionamiento de la OMAPED.
Se recomendó al titular de la entidad adoptar las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el correcto funcionamiento de la administración pública en la entidad.
