La autógrafa había sido observada por el Ejecutivo, entre otros, porque vulneraría la autonomía municipal al establecer la prohibición absoluta a los gobiernos locales para que puedan efectuar la tercerización del servicio de limpieza y afines u otras formas de contratación distintas al régimen laboral de la actividad privada.
Diferentes sindicatos de trabajadores municipales realizaron un plantón al frente del Congreso a fin de solicitar la aprobación de una norma que las ampare. Y es que con la ley, que deberá ser promulgada próximamente por la presidenta del Legislativo, los gobiernos locales tendrán el plazo máximo de un año para incorporarla, progresivamente, bajo el régimen laboral de la actividad privada, al personal que presta servicios de limpieza pública, recojo de residuos sólidos, conservación y mejora del ornato local y afines mediante tercerización u otras formas de intermediación laboral, previa evaluación de méritos e idoneidad para los referidos servicios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
Asimismo, según la segunda disposición complementaria transitoria, se dispone que durante el lapso de adecuación de la presente ley, los obreros municipales cuentan con la debida protección contra el despido injustificado y/o término de contrato, y de ser el caso tienen prioridad para ser contratados por el gobierno local al que brindaron servicios.
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