CONTRALORÍA ALERTA DESABASTECIMIENTO DE FÓRMULAS NUTRICIONALES PARA PACIENTES CRÍTICOS EN EL HOSPITAL "DANIEL ALCIDES CARRIÓN" DEL CALLAO

También se detectó a personal sin carné de sanidad vigente e inadecuadas condiciones de infraestructura

La Contraloría General de la República (CGR), a través del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud del Callao, alertó el desabastecimiento de fórmulas nutricionales en el Departamento de Nutrición y Dietética del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC), las cuales son indispensables para recuperación, estabilización y evaluación de pacientes en estado crítico, y eso podría comprometer su atención alimentaria adecuada en las áreas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), Trauma Shock y las Unidades de Cuidados Intermedios (UTIS).

Según el Informe de Visita de Control N.° 006-2026-OCI/0628-SVC, cuyo período de evaluación es del 27 de febrero al 2 de marzo de 2026, el HNDAC tiene la necesidad institucional de adquirir un total de 17 tipos de fórmulas nutricionales para el período 2026, las cuales estarán destinadas a la atención alimentaria de pacientes hospitalizados en UCI, UCIN, Trauma Shock y las UTIS.

Si bien el Departamento de Nutrición y Dietética del HNDAC efectuó oportunamente el requerimiento anual de fórmulas nutricionales, estas no fueron atendidas, lo que motivó que el responsable de dicho departamento emitiera 10 requerimientos el pasado 5 de febrero de 2026 para un abastecimiento de tres meses aproximadamente; sin embargo, en la visita de control del 3 de marzo se verificó que aún no se atendía dicha solicitud.

En la visita de los auditores se verificó que el Departamento de Nutrición y Dietética del HNDAC se encuentra desabastecido de 11 fórmulas nutricionales, y las cantidades disponibles de seis fórmulas en almacén, al 3 de marzo, en comparación con la necesidad promedio mensual, resultan insuficientes para cubrir el consumo correspondiente a un mes. Cabe señalar que las cantidades de fórmulas disponibles corresponden a saldos de compras hechas en diciembre de 2025.

TURNOS DE PERSONAL INADECUADOS

El informe revela también que el Departamento de Nutrición y Dietética viene programando turnos del personal incumpliendo los plazos establecidos (tres meses de anticipación) en la normatividad vigente, lo que pone en riesgo la adecuada gestión de los recursos humanos y el control de asistencia del personal.

A esto se suma que parte del personal del Departamento de Nutrición y Dietética del hospital no contaba con el carné de sanidad vigente, lo cual podría afectar la bioseguridad en el proceso de preparación de alimentos para los pacientes. El día de la visita se encontró a cinco trabajadores con el referido documento vencido y se constató que otros 83, que no se encontraban programados en turno, también estaban en la misma situación, lo cual infringe la Norma Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética que claramente establece que “el personal que manipule alimentos deberá contar con carnet de sanidad vigente”.

DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN CON INFRAESTRUCTURA INADECUADA

Asimismo, se advirtieron inadecuadas condiciones de infraestructura en algunas zonas del Departamento de Nutrición y Dietética que podrían propiciar la contaminación cruzada en los alimentos preparados, afectándose así su inocuidad y representando un riesgo para la salud de los pacientes hospitalizados y del personal asistencial y también podría generar accidentes al personal.

Por ejemplo, en el almacén donde se encontraban las fórmulas nutricionales y otros insumos para la preparación de alimentos, se pudo evidenciar el deterioro en algunas luminarias en el techo, sin el ajuste adecuado, lo cual genera un riesgo de desprendimiento y posibles accidentes al personal. También se observaron conexiones de tuberías en el cielo raso que dificultan la limpieza. En la cocina principal se evidenció una fuga de agua proveniente de tuberías aéreas y filtraciones originadas por el deterioro y antigüedad de las cañerías, así como caños inoperativos y que requieren mantenimiento.

Otro hecho alertado es la falta de mantenimiento de los equipos industriales de la cocina central del HNDAC, lo que también podría generar una contaminación cruzada en los alimentos preparados. Entre lo detectado figura una

marmita (recipiente grande) que contenía alimentos, pero no tenía tapa, lo que podría permitir la caída de residuos y otros contaminantes en los alimentos destinados a pacientes y personal asistencial. Otras marmitas tenían fuga de agua y fuga de valor en la cañería, lo cual contribuye a la presencia de humedad en el piso del área de cocina y podría ocasionar accidentes a los trabajadores.

También se verificó que el horno industrial utilizado para la cocción de alimentos se encuentra en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento y, pese a ello, continúa en uso para la preparación de alimentos, lo que podría significar riesgos para la saludad del personal y afectar la calidad e inocuidad de los alimentos. A su vez, se vio que las cámaras de refrigeración de huevos, frutas, verduras y carnes tienen inadecuadas condiciones, ya que sus sistemas de refrigeración no están operativos.

La Contraloría comunicó los resultados del Informe de Visita de Control al director del HNDAC para que, en el ámbito de sus competencias y obligaciones, adopte las acciones correctivas que correspondan con la finalidad de garantizar la adecuada alimentación de los pacientes y personal asistencial del hospital.

DEFICIENCIAS EN 6 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL CALLAO, AFECTAN OPORTUNA ATENCIÓN A PACIENTES

En hospital Carrión encuentran salas quirúrgicas inoperativas, equipos biomédicos malogrados y desabastecimiento de medicamentos básicos

Durante el operativo al Gobierno Regional del Callao, los auditores de la Contraloría General constataron deficiencias en seis establecimientos de salud, algunos de los cuales ponen en riesgo la oportuna atención médica a los pacientes, así como podrían afectar el tratamiento para su recuperación. Entre los problemas más recurrentes figuran: los equipos biomédicos inoperativos o malogrados; el desabastecimiento y/o sobrestock de medicamentos; y la infraestructura inadecuada (daños estructurales, fisuras, filtraciones, entre otros).

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao

El caso más grave se presenta en el Hospital Nacional "Daniel Alcides Carrión", donde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) comparte ambiente con el Servicio de Hospitalización, poniendo en riesgo la atención a los pacientes críticos. Como el área de UCI se redujo, cuatro pacientes en estado crítico son atendidos en espacios que no cumplen con las dimensiones mínimas establecidas en las Normas Técnicas de Salud (NTS).

En este hospital solo funcionan cinco de las once salas del Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico generando el riesgo de retraso en la programación de cirugías. Las otras salas están inoperativas por falta de equipos biomédicos.

En el Departamento de Farmacia se registra un desabastecimiento de 32 medicamentos, mientras que 117 se encuentran en cantidad insuficiente (escasez) generando el riesgo de que no se entregue de manera oportuna y total la medicina a los pacientes afectando su tratamiento médico. Como contraparte, hay un sobrestock (exceso) de 162 medicamentos ocasionando el riesgo de pérdidas de medicina por vencimiento.

En el Departamento de Diagnóstico por Imágenes, los únicos equipos de Rayos X digital y el densitómetro están inoperativos, mientras que el equipo de Rayos X analógico operativo tiene 40 años de antigüedad y se encuentra en mal estado de conservación.

También existen equipos malogrados en los servicios de Cardiología y Gastroenterología. A pesar de ello, el hospital no ha asignado presupuesto para su mantenimiento preventivo ni correctivo, como tampoco destinó recursos para mejorar el estado de la infraestructura que presenta algunos problemas como filtraciones en el Área de Hospitalización (octavo nivel).

Principales hechos detectados

Durante la primera quincena de julio, las comisiones de control también inspeccionaron los hospitales San José, Ventanilla y Rehabilitación del Callao; además, los centros de salud Néstor Gambetta y Acapulco, donde se evidenciaron diversos problemas que afectan la atención médica oportuna y de calidad que debe brindarse a los pacientes.

Fisuras y daños estructurales se evidenciaron en diversos ambientes del Hospital de Rehabilitación del Callao, lo cual podría ocasionar un riesgo para la integridad física de los pacientes y personal. A su vez, la infraestructura de los centros de salud Gambetta y Acapulco requieren mantenimiento por humedad y/o filtraciones en el techo de algunos ambientes.

Equipos inoperativos y/o deteriorados se encontraron en los hospitales San José y Ventanilla. En el Centro de Salud Gambetta, el único equipo de Rayos X estacionario del Servicio de Radiología y el único equipo de mamografía están malogrados. Similar situación se observa en el Centro de Salud Acapulco cuyo único ecógrafo multipropósito y equipo de Rayos X estacionario están inoperativos, al igual que tres de los cuatro equipos de esterilización que existen.

Así mismo, se constató el desabastecimiento de algunos medicamentos básicos en cinco de los seis establecimientos de salud supervisados (excepto en el Centro de Salud Acapulco); se verificó el substock (escasez) de medicinas en cinco establecimientos (excepto en el Hospital Ventanilla) y se confirmó el sobrestock (exceso) en tres establecimientos de salud. En los hospitales San José y Rehabilitación del Callao también faltan reactivos químicos que se utilizan para las pruebas de laboratorio.

En el Hospital de Ventanilla se constató que el área de aislamiento del Servicio de Emergencias no cumple con los requisitos de la Norma Técnica de Salud para el manejo de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, ni con las medidas preventivas de bioseguridad, lo que genera el riesgo de contagio de enfermedades a los pacientes, familiares y personal de servicio.

La Contraloría General ha comunicado a los titulares de los seis establecimientos de salud los resultados de los informes de control, a fin de que adopten las medidas preventivas y correctivas que contribuyan a brindar servicios de salud de calidad y en forma oportuna. Dichas acciones tendrán que ser comunicadas a sus respectivos Órganos de Control Institucional en un plazo máximo de cinco días hábiles.

CONTRALORIA ADVIERTE QUE CENTROS DE SALUD MENTAL EN EL CALLAO, FUNCIONAN EN CONDICIONES PRECARIAS

Falta de conexiones formales de agua, energía eléctrica e Internet ponen en riesgo la calidad y continuidad de la atención a los pacientes

La Contraloría General advirtió a la Dirección Regional de Salud del Callao (DIRESA - Callao) que diversos Centros de Salud Mental Comunitarios (CSMC) se encuentran operando en condiciones precarias al carecer de los principales servicios básicos como: agua potable, desagüe, energía eléctrica y servicio de Internet, lo cual pone en riesgo la calidad y continuidad de la atención a los pacientes y también la integridad del personal de esos establecimientos.

La Provincia Constitucional del Callao cuenta con seis CSMC, de los cuales solo dos funcionan en inmuebles de propiedad de la DIRESA - Callao y los restantes en predios o locales cedidos por otras entidades del Estado, con las cuales se suscribieron convenios interinstitucionales.

Al respecto, el Informe de Visita de Control N° 002-2025-OCI/0628-SVC, cuyo período de evaluación fue del 29 de enero al 6 de febrero de 2025, alertó que el CSMC Carmen de la Legua Reynoso, ubicado en el distrito del mismo nombre, tenía vencido el convenio de cooperación institucional suscrito con la respectiva municipalidad distrital y así estuvo ocupando de manera precaria parte del inmueble cedido por la entidad edil hasta el pasado 11 de marzo del presente año.

Mediante dicho convenio, suscrito el 2 de diciembre de 2019 y vigente hasta el 2 de diciembre de 2024, el CSMC usaba el primer y segundo piso del local de la Casa de la Cultura y de la Juventud por un plazo de cinco años. Sin embargo, desde octubre de 2024, el alcalde de Carmen de la Legua adelantó que no se iba a dar continuidad al referido convenio y que no se podrá reubicar al CSMC en otro local que la municipalidad vaya a alquilar, por lo que correspondía a la DIRESA - Callao ubicar otro ambiente para el centro y asumir los pagos de alquiler y otros servicios.

A esto se suma que el CSMC tenía suspendido el servicio de energía eléctrica desde el 27 de diciembre de 2024 y se abastecía con la energía producida por un grupo electrógeno colocado en la vía pública. En el caso del servicio eléctrico, la DIRESA - Callao no había pagado S/ 76,378.58 de consumo de energía eléctrica correspondiente a los cinco años de ejecución del convenio.

El centro tampoco contaba con suministro de agua como consecuencia del corte de energía eléctrica que sirve para que la bomba de agua funcione, lo que ocasiona que los servicios higiénicos estuvieran restringidos únicamente para el personal de salud y se efectuaba la limpieza una vez por semana.

También se evidenció que, en el almacén de medicamentos, el equipo de aire acondicionado funcionaba de manera intermitente por la falta de fluido eléctrico, lo que ocasionaba que la temperatura ambiente no sea constante y se ponía en riesgo la conservación de los medicamentos. Desde el pasado 11 de marzo, el CSMC atiende en las instalaciones del centro de salud de Carmen de la Legua.

CENTROS DE SALUD SIN SERVICIOS BASICOS

Asimismo, el informe de Contraloría evidenció que el CSMC La Perla no cuenta con conexión a redes públicas de los servicios básicos de agua y desagüe y energía eléctrica. Pese a ello, el suministro de dichos servicios se obtiene de conexiones informales o precarias, como la conexión a postes de alumbrado eléctrico. Inclusive, esta situación ya había sido alertada desde el año 2024, pero el centro de salud sigue usando servicios de manera informal.

El CSMC Ventanilla Norte, inaugurado en noviembre de 2022 por parte del Gobierno Regional del Callao, desde hace pocos días cuenta con suministro de energía eléctrica; pero, aún no tiene instalaciones de agua y desagüe, a pesar de que se alertó esta situación en junio de 2024. Actualmente, el centro se abastece de líquido a través de camiones cisterna de la municipalidad, mientras que el servicio de desagüe es un silo que se encuentra fuera del perímetro del local.

Por su parte, el CSMC Mi Perú tiene su conexión a la red pública de agua, pero Sedapal le cortó el servicio en julio de 2024 al no haber cancelado el recibo, por lo que obtiene el recurso hídrico de las cisternas de parques para la limpieza de los ambientes, y el uso de servicios higiénicos está restringido. Tampoco cuentan con el servicio de Internet.

ALGUNOS C.S. FUNCIONAN SIN VISIBILIDAD

La Contraloría también evidenció que el CSMC instalado en el cuarto piso de la oficina de Oficina de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional del Callao presta sus servicios sin una publicidad adecuada, ya que no hay un letrero que lo identifique como tal.

La comisión de control recomendó comunicar al titular de la DIRESA - Callao sobre los hechos registrados, con la finalidad de adoptar acciones urgentes que permitan dar continuidad y mejorar los servicios de salud mental que se ofrecen en los CSMC supervisados.

CORRUPCIOÓN E INCONDUCTA FUNCIONAL HABRIAN OCACIONADO PERDIDAS POR S/. 24,268 MILLONES EN EL 2023

Contralor Nelson Shack dio a conocer resultados de estimación de perjuicio registrado al cierre del 2023

Piura, Cusco, Áncash, Callao y La Libertad son regiones que perdieron más de S/ 1000 millones en 2023

El gasto anual en consultorías equivale a la mitad de la brecha de pobreza, advirtió Shack Yalta

La Contraloría General de la República calculó que el costo extrapolado de la corrupción y la inconducta funcional durante el 2023 habría significado un valor aproximado de S/ 24 268 millones, lo que significó un nivel de incidencia del 12.7% respecto al presupuesto del sector público ejecutado durante el año pasado y eso refleja una tendencia decreciente respecto a mediciones del año 2022, informó hoy el contralor general, Nelson Shack, durante una jornada informativa con medios de comunicación.

“En el año 2019 vimos una tasa de incidencia de 14.9%, es decir que casi S/ 15 de cada S/ 100 se perdían por corrupción e inconducta funcional y para el 2023 hemos visto que estamos en S/ 12.7.En términos de dinero, antes perdíamos S/ 23 297 millones y en el 2023 hemos perdido alrededor de S/ 1000 millones más, pero eso se debe a que han pasado cinco años más y el crecimiento del presupuesto ha sido muy significativo, entonces hay una tendencia decreciente y eso es indiscutible”, acotó.

Durante la conferencia, el titular de la Contraloría precisó que del monto calculado para el 2023 aproximadamente S/ 11 992 millones corresponden al Gobierno Nacional, lo que significó un nivel de incidencia del 11.3%, seguido de S/ 7615 millones a nivel de los gobiernos regionales con una incidencia de 15.4% y S/ 4660 millones registrados en los gobiernos locales, cuya incidencia es de 13.1%.

Según el tipo de gasto, el perjuicio ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional del 2023 se registró principalmente en Inversión con S/ 8963 millones (incidencia de 17.5%), seguido de Abastecimiento con S/ 8836 millones (incidencia del 17.2%) y Recursos Humanos con S/ 6469 millones (7.3%).

Ranking de regiones

En el 2023, la región que registró una mayor incidencia de los efectos de la corrupción y la inconducta funcional fue el Callao, donde la pérdida estimada fue equivalente al 17.9% del presupuesto público ejecutado en dicha jurisdicción en el año pasado.

El segundo lugar fue para la región Tumbes con una incidencia de 17.5%, seguido de Ucayali (16.5%), Piura (16.2%), Áncash (16.2%), La Libertad (15.2%), Madre de Dios (15.0%), Huánuco (15.0%), Loreto (14.8%) y con Apurímac (14.4%) se completan las primeras diez posiciones.

Sin embargo, las posiciones cambian si se observa el monto del perjuicio extrapolado y colocan a Piura en el primer lugar con S/ 1501 millones de pérdida por efectos de la corrupción y la inconducta funcional del 2023, seguido de Cusco con S/ 1352 millones, Áncash con S/ 1311 millones, Callao con S/ 1227 millones y La Libertad con S/ 1131 millones. Las otras regiones que completan las diez primeras ubicaciones del perjuicio extrapolado son Arequipa (S/ 928 millones), Puno (S/ 887 millones), Cajamarca (S/ 813 millones), Loreto (S/ 800 millones) y Junín (S/ 671 millones).

“La corrupción es mucho más que el manejo de recursos públicos. Hay muchos problemas de corrupción en muchos sectores del Estado peruano donde no se manejan recursos públicos como los problemas en el sistema de justicia, la emisión de licencias, entre otros”, puntualizó.

Funcionarios con presunta responsabilidad

El Contralor General informó que como resultados de los servicios de control posterior realizados en el 2023 en todas las regiones del país se pudo determinar que 9338 funcionarios públicos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local tienen presunta responsabilidad en hechos irregulares que derivaron en casos de corrupción e inconducta funcional.

De ese total, existen 5436 funcionarios únicos con presunta responsabilidad administrativa, 2002 tienen responsabilidad administrativa sujeta al Proceso Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría, 3394 tienen responsabilidad civil y 4030 tienen responsabilidad penal. Cabe precisar que un mismo funcionario podría registrar más de un tipo de responsabilidad.

Agenda de control 2024

El titular de la Contraloría adelantó que el Plan Nacional de Control (PNC) aprobado para el presente año establece que la meta es ejecutar más de 50 mil servicios de control, de los cuales 38 200 servicios son de control simultáneo, 11 670 son de control posterior y 130 de control previo.

“Lo más importante aquí es que vamos a tener, por primera vez, una enorme cobertura. En el 2017, la Contraloría solo cubría el 27% de las entidades públicas, lo que significaba que más de las dos terceras partes de entidades públicas nunca recibían una visita o auditoría de la Contraloría. Ahora esa tasa de cobertura en el 2023 fue del 67% y en el 2024 va a ser 95%, prácticamente vamos a tener cobertura plena. Por primera vez, en toda la historia de la Contraloría, este año vamos a poder hacer acciones de control en cada distrito del Perú”, manifestó.

Adelantó que como parte del Plan Nacional de Control se tiene previsto ejecutar seis operativos de control en materias como el operativo de Seguridad Ciudadana, donde se supervisarán más de 1400 entidades públicas tales como el Ministerio del Interior, comisarías, escuelas de la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y municipios (provinciales y distritales) y el operativo de Discapacidad e Inclusión Social, con el cual se supervisará el cumplimiento de la normativa vigente sobre el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, accesibilidad y ejecución presupuestal en un total de 1800 entidades públicas.

Otro operativo programado por la Contraloría es el Buen Inicio del Año Escolar 2024 para determinar si las instituciones educativas públicas de Educación Básica Regular cumplen con las disposiciones vigentes y normativa aplicable para el inicio de clases escolares. También figura el operativo de Espacios Culturales, con el que se supervisará el cumplimiento de la normativa sobre el ingreso de visitantes a nueve espacios culturales en siete departamentos.

La Contraloría también pondrá en marcha el operativo sobre consultorías para promover que las entidades públicas cumplan la normativa vigente respecto al Registro para el Control de Contratos de Consultorías en el Estado, y otro operativo denominado “Deporte para Todos”, donde se fiscalizará las transferencias realizadas por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) y los 200 inmuebles bajo su administración.

“Estos seis operativos se van a desarrollar en el primer semestre del presente año y algunos se extenderán hasta el segundo semestre”, acotó.

Portal para transparentar información de consultorías

Shack Yalta también anunció que ante los resultados de la fiscalización hecha por la Contraloría a las consultorías, usando herramientas como la Inteligencia Artificial y el apoyo de la participación ciudadana, se consideró pertinente hacer más transparente el acceso a la información sobre consultorías y por eso se implementó una plataforma web (https://consultaconsultorias.contraloria.gob.pe/), que puede ser revisada por toda la sociedad civil.

Indicó que en el 2023 se gastaron S/ 19 mil millones en contrataciones cuyo valor era menor a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y de ese monto se tiene que entre S/ 5 mil millones y S/ 6 mil millones son órdenes de compra, y el saldo de S/ 13 mil millones corresponden a órdenes de servicio, entre los cuales figuran los servicios de consultorías contratadas por las entidades públicas.

“En términos de consultorías propiamente dichas estamos hablando de casi S/ 6 mil y S/ 7 mil millones que se gastan al año y para tener una idea de la magnitud del monto, eso es casi la mitad de la brecha de pobreza que existe en el Perú”, refirió. Agregó que el gasto en consultorías en el país llama mucho la atención también por su crecimiento, ya que aumentó en casi 15% entre los años 2022 y 2023.

CONTRALORÍA: 37% DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL NO CUENTAN CON TODOS LOS SERVICIOS BÁSICOS

- Resultado del operativo de control a establecimientos en todo el país - Supervisión comprendió establecimientos a cargo del Minsa, EsSalud, Gobiernos Regionales, entre otras entidades

La Contraloría General de la República hizo público el Informe de Operativo de Servicio de Control Simultáneo N° 28729-2023-CG/SALUD-SOP con los resultados del operativo "Salud en los Establecimientos del Primer Nivel de Atención", que permitieron revelar las preocupantes condiciones en materia de infraestructura, equipamiento y asignación de recursos humanos que afrontan muchos establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención a nivel nacional.

En el país existen 9012 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención, de los cuales 7855 (87.2%) pertenecen a los Gobiernos Regionales, 425 (4.7%) al Ministerio de Salud (Minsa), 318 (3.5%) al Seguro Social de Salud (EsSalud), 144 (1.6%) a la Sanidad del Ejército del Perú, 76 (0.8%) a la Sanidad de la Policía Nacional del Perú (PNP), 76 (0.8%) a las municipalidades, 55 (0.6%) al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), 37 (0.4%) a la Sanidad de la Marina de Guerra del Perú y 26 (0.4%) a la Sanidad de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

El despliegue de la Contraloría permitió visitar un total de 1878 establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención, de los cuales se pudo supervisar y registrar información de 1836 establecimientos, mientras que tres estaban desactivados y 39 se encontraban cerrados al momento de la visita de los auditores. Del total supervisado, 1620 establecimientos corresponden a Gobiernos Regionales, 69 a EsSalud, 55 al Minsa, 30 a la Sanidad del Ejército del Perú, 20 a la Sanidad de la PNP, 16 a la Sanidad de la Marina de Guerra, 11 a las municipalidades, 8 al INPE y 7 a la Sanidad de la FAP. Según categorías, 835 establecimientos son categoría I-1, 565 son I-2, 347 son I-3 y 89 son I-4.

PRINCIPALES HALLASGOS:

El operativo permitió determinar que el 43% (786) de establecimientos de salud del primer nivel de atención que han sido supervisados (1836) por los auditores de la Contraloría no cuentan con resolución de categorización vigente, lo cual es importante para clasificarlos en base a su nivel de complejidad y a características funcionales para responder a las necesidades de la población. De este total, la mayor cantidad (709) son adscritos a los gobiernos regionales, seguido de 31 del Minsa y 26 de EsSalud.

Asimismo, se determinó que el 54% (990) de establecimientos de salud supervisados no publican el horario de entrega de citas de consulta externa, lo que genera el riesgo de limitar el derecho de acceso al servicio de salud por parte de la población. De ese total, tenemos que 920 establecimientos de salud que cometen este incumplimiento pertenecen a gobiernos regionales.

El operativo también permitió revelar que, del total de 621 ambulancias distribuidas en 489 establecimientos de salud del primer nivel de atención, el 28% (171) se encuentra inoperativas, lo que representa un riesgo para el oportuno traslado terrestre de los pacientes en situación de emergencia. La mayor cantidad de ambulancias inoperativas se encuentra en los establecimientos de salud adscritos a los gobiernos regionales (154) y los de la Sanidad de la PNP (10).

Otro hecho detectado por los auditores es que el 41% (744) de los establecimientos de salud supervisados están ubicados a menos de 100 metros de edificaciones como grifos, colegios, mercados, entre otros, lo que genera el riesgo de contaminación e infecciones en los pacientes que acuden a dichos nosocomios.

DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS DE CATEGORIA I-4

La Contraloría determinó que el 43% (38) de establecimientos de salud del primer nivel de atención con

categoría I-4 que fueron supervisados, no cuentan con el servicio de radiología, lo cual significa un riesgo para el oportuno diagnóstico por imágenes de las patologías que presenten los pacientes que acuden a dichos nosocomios. Del total de establecimientos que incumplen la exigencia obligatoria de contar con el servicio de radiología, 37 están bajo el ámbito de gobiernos regionales.

Otra carencia detectada en los establecimientos de categoría I-4 es la incubadora de transporte en el Área de Atención al Recién Nacido, ya que el 36% (32) de estos establecimientos no cuentan con dichos equipos, lo que genera un riesgo en la oportunidad, seguridad y calidad de la atención inmediata a los recién nacidos en estos nosocomios, de los cuales 26 pertenecen a los gobiernos regionales, dos a la Sanidad del Ejército del Perú, dos a EsSalud y dos al Minsa.

A esto se suma que el 20% (89) de establecimientos de salud de los niveles I-3 y I-4 no cuentan con unidad dental completa, lo cual pone en riesgo la oportunidad, seguridad y calidad del servicio odontológico que se brinda a los pacientes que llegan a estos establecimientos. En este caso, 81 establecimientos del total de involucrados son de los gobiernos regionales.

Asimismo, el 38% (34) de establecimientos de salud del nivel I-4 no cuentan con coche de paro cardiorespiratorio, el 58% (52) no tienen un electrocardiógrafo y el 54% (48) no tienen un desfibrilador externo automático en el tópico de urgencias y emergencias, generándose así un riesgo en la atención inicial de los pacientes que acuden en estado crítico. A esto se suma que 33% (29) tampoco cuentan con monitor fetal en la sala de dilatación de atención de gestantes en trabajo de parto.

ESTABLECIMIENTOS CON SERVICIOS BÁSICOS INCOMPLETOS

Los auditores de la Contraloría también verificaron que el 37% (675) de los establecimientos de salud públicos del primer nivel de atención que fueron visitados a nivel nacional no cuentan con la totalidad de los servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado), lo cual pone en riesgo la atención adecuada de necesidades básicas del personal de salud y la bioseguridad en los establecimientos. Este hecho se presenta en 655 establecimientos adscritos a los gobiernos regionales.

Lo más crítico es que 96 establecimientos de salud (5% del total visitado) no cuentan con ninguno de los servicios mínimos básicos (energía eléctrica, agua potable, desagüe y/o alcantarillado). De ese total, 95 corresponden a gobiernos regionales y el restante a la Sanidad de Ejército del Perú.

FALTA DE SALAS Y ÁREAS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

El operativo también permitió comprobar que el 32% (592) establecimientos no cuentan con sala de inmunizaciones, el 24% (431) no tienen área de triaje. También se evidenció que el 19% (17) de establecimientos de primer nivel atención I-4 no cuentan con almacén especializado de productos farmacéuticos, lo que representa un riesgo para la conservación de dichos productos en el tratamiento oportuno de los pacientes.

Además, quedó evidenciado que el 30% (27) de los establecimientos I-4 no cuentan con sala de ecografía general y el 85% (76) no cuentan con sala de mamografía digital, lo cual podría afectar el tratamiento oportuno de pacientes.

Finalmente, el 30% (541) de establecimientos de salud visitados no tienen profesionales en enfermería que hayan sido capacitados en cadena de frío y oficializado por la coordinación de inmunizaciones. De ese total, existen 490 que están adscritos a los gobiernos regionales. Este hecho representa un riesgo para lograr un proceso de vacunación seguro en estos establecimientos de salud.

Esta problemática y carencias fueron comunicadas por la Contraloría a los titulares del Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que adopten las acciones urgentes que correspondan para garantizar un correcto funcionamiento de los establecimientos de salud a su cargo y así garantizar la adecuada atención de los pacientes que los visitan.

CONTRALORIA REVELA AFECTACION DE LAS DE 200 MIL DOSIS DE VACUNAS BIVALENTES CONTRA LA COVID - 19

Resultados de investigación fueron comunicados al titular de 

Cenares y Procurador del MINSA

La no adición de hielo seco a la Caja Térmica Calificada N° 39 provocó que 34 560 viales de vacuna bivalente fueran dados de baja

La baja y destrucción de las dosis ocasionó una pérdida de S/ 14 millones

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres exfuncionarios y uno actual del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) por los hechos que ocasionaron la decisión de dar de baja (pérdida) a un total de 34 560 viales, equivalentes a 207 360 dosis, de la vacuna bivalente contra la COVID-19, lo que originó un perjuicio económico valorizado en S/ 14 154 526.

En el Perú, la pandemia por la COVID-19 dejó el fatídico saldo de 221 578 peruanas y peruanos fallecidos entre marzo del 2020 y octubre del presente año. En dicho período se registraron 4 523 877 casos positivos por esta enfermedad y se tuvo que esperar hasta el 7 de febrero del 2021 para la llegada de las primeras vacunas contra este virus.

Si bien los contagios y el nivel de letalidad de la enfermedad han disminuido, también es cierto que aparecieron nuevas variantes de la enfermedad y en ese escenario es que las autoridades peruanas continuaron con la compra de vacunas bivalentes para proteger a la población en situación de riesgo de contraer la enfermedad.

Como resultado de la labor de supervisión y control a la lucha contra la COVID-19 de la Contraloría General, se emitió el Informe de Control Específico N° 081-2023-2-5991-SCE, cuyo periodo de evaluación fue del 10 de marzo al 31 de octubre de 2023, el cual detalla que en una verificación efectuada el 24 de marzo en el Almacén de Productos Termo-sensibles del Cenares, se advirtió una reducida cantidad de hielo seco en la parte inferior de la Caja Térmica Calificada N° 39 con vacunas bivalentes contra la COVID-19 fabricadas por Pfizer.

A ello se suma que la temperatura que se registraba en el sensor del data logger (registrador de datos electrónico) instalado en esa caja no resultaba suficiente para garantizar que el almacenamiento de los 34 560 viales de la Caja Térmica Calificada N° 39 se encuentre de acuerdo a lo establecido por el laboratorio fabricante, debido a que este sensor se encontraba en contacto directo con la reducida cantidad de hielo seco.

Con el acta de verificación correspondiente, la Contraloría General alertó, a través del Informe de Orientación de Oficio N° 017-2023-OCI/5991-SOO, la ruptura de la cadena de frío en la Caja Térmica Calificada N° 39 que contenía 207 360 dosis de vacuna bivalente, lo cual no aseguraba su conservación, estabilidad, efectividad y respuesta inmunológica. Dicho informe fue remitido en su oportunidad al Ministerio de Salud para la adopción de las acciones urgentes que correspondan.

Es así que el Informe de Control Específico N° 081-2023-2-5991-SCE, establece que el Ejecutivo Adjunto I de la Dirección de Almacén y Distribución, el Jefe de la Unidad de Operaciones de la Dirección de Almacén y Distribución, el Responsable del Almacén de Productos Termo-sensibles de la Dirección de Almacén y Distribución, y el profesional contratado para la prestación del servicio especializado en temas de Almacenes de la Dirección de Almacén y Distribución no advirtieron la omisión, por 14 días, en la adición de hielo seco como corresponde a la Caja Térmica Calificada N° 39.

Luego de una serie de indagaciones por parte de diferentes entidades del sector Salud, la Oficina de Administración del Cenares emitió una resolución, con fecha 23 de setiembre de 2023, que aprueba la baja de las vacunas de la Caja Térmica Calificada N° 39, debido a que eran productos no aptos para su uso o consumo. Por ello, las 207 360 dosis, cuyo valor de adquisición es de S/ 14 154 526, fueron destruidas el 31 de octubre de 2023.

RECOMENDACIOINES:

El informe recomienda al Órgano Instructor de la Contraloría a realizar el procesamiento de los servidores del Cenares comprendidos en los hechos irregulares. Mientras que al Procurador Público del Ministerio de Salud se le recomienda iniciar las acciones civiles contra las personas involucradas.

Cabe precisar que de los cuatro involucrados en estos hechos, tres mantienen vínculo laboral con el Cenares, siendo estos: el Jefe de la Unidad de Operaciones, el Responsable del Almacén de Productos Termo-sensibles y el profesional contratado para la prestación del servicio especializado en temas de almacenes, de la Dirección de Almacén y Distribución de la entidad.

MAS DE 1,500 FUNCIONARIOS DE CONFIANZA EN GOBIERNOS REGIONALES Y MUNICIPALIDADES NO ACREDITARON CUMPLIR REQUISITOS ACADEMICOS Y DE EXPERIENCIA

* Resultados del operativo de Contraloría sobre cumplimiento de perfiles de puesto en 554 entidades de todo el país

* Se revisaron los legajos de 5756 directivos de libre designación y remoción

* 220 entidades superaron límite del 5% para designación de cargos o puestos de confianza

* Municipalidades tienen mayor porcentaje de falta de procedimientos para verificar perfiles y designar a directivos.

La Contraloría General de la República dio a conocer los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” realizado en 554 entidades públicas, con el cual se pudo verificar que 1584 directivos de libre designación y remoción pertenecientes a gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.

Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.

La realización del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción en un total de 554 entidades, a las cuales se realizaron 581 servicios de control simultáneo en todas las regiones del país.

Con este operativo se desplegaron 1218 auditores, distribuidos en 583 comisiones de control, que intervinieron en 25 gobiernos regionales, 56 unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, tres empresas municipales y 274 municipalidades distritales. Las comisiones de control revisaron legajos de 5756 directivos de libre designación y remoción, de los cuales 4774 corresponden al segundo nivel organizacional (gobiernos regionales y locales) y 982 al tercer nivel organizacional (gobiernos regionales).

PRINCIPALES RESULTADOS:

Según el Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, en los 581 informes de control se revelaron un total de 1924 situaciones adversas y de las cuales se identificó que casi el 35% se concentra en Áncash (148), Lima Metropolitana (141), Puno (132), así como Junín (127) y San Martín (125).

En relación al cumplimiento de requisitos mínimos para acceder al cargo de directivos públicos, el operativo de la Contraloría permitió determinar que 1584 directivos públicos de libre designación y remoción en 412 entidades supervisadas no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia, según lo establecido en la Ley N° 31419 y su reglamento, y/o los documentos de gestión de las entidades supervisadas.

La mayor cantidad de designaciones que no acreditaron cumplir estos requisitos pertenecen a municipalidades distritales (676 directivos) y luego aparecen municipalidades provinciales (584), gobiernos regionales (217), unidades ejecutoras de gobiernos regionales (105) y empresas municipales (2).

De ese total, se desprende que 1254 directivos no acreditan cumplir los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento. Mientras que otros 831 directivos tampoco acreditaron cumplir esos mismos requisitos mínimos establecidos en los documentos de gestión de la entidad fiscalizada.

También se identificó que, de las 554 entidades intervenidas, en 220 (40% del total) sobrepasaron el límite del 5% del total de cargos o puestos existentes para la designación de servidores de confianza. Este hecho no es acorde con la normativa vigente, la cual busca una administración pública moderna, jerárquica, profesional, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a los usuarios.

La mayor cantidad de entidades públicas involucradas en este hallazgo están en Áncash (22 entidades), Junín (19), San Martín (18), Piura (14), Loreto (13), Ayacucho (12) y Lima Metropolitana (12).

Adicionalmente, se identificó a seis entidades públicas que superaron el tope de 50 plazas de servidores de confianza y que no acreditaron haber presentado la solicitud de excepción a la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). Se trata de los gobiernos regionales de Ayacucho, Loreto, Pasco, Piura y San Martín; así como la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Los auditores de la Contraloría también encontraron que en 328 entidades públicas no se acreditó haber realizado una verificación de los requisitos mínimos exigidos en la normativa aplicable para la designación de cargos directivos, y en 401 no se acreditó haber efectuado consulta alguna en las plataformas y registros para la verificación previa de impedimentos, en relación al acceso a la función pública de sus directivos públicos de libre designación y remoción.

Otro hallazgo relevante es que en 305 entidades intervenidas durante el operativo nacional no se actualizaron los instrumentos de gestión referidos al Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Manual de Clasificador de Cargos, tal como lo dispone Ley Nº 31419, lo que provocaría el riesgo de no contar con directivos que cumplan requisitos acordes con la naturaleza y especialidad de cada entidad.

FALTA DE PROCEDIMIENTOS:

También se advirtió que 421 entidades públicas supervisadas en el operativo no cuentan con procedimientos formales de verificación de perfiles, lo que equivale al 76% del total supervisado. Los mayores porcentajes de incumplimiento están en las municipalidades provinciales y distritales con 78%, seguidas por un 68% de unidades ejecutoras de los Gore.

Mientras que 476 entidades púbicas (86%) no cuentan con procedimientos formales para la designación de directivos. Los mayores porcentajes de incumplimiento está a nivel de municipalidades provinciales (89%), municipalidades distritales (87%), gobiernos regionales (83%), unidades ejecutoras de gobiernos regionales (79%) y empresas municipales (67%). Esta situación debilita los mecanismos de control para el correcto proceso de designación de directivos públicos en las entidades públicas que sean acordes con los fines públicos que persigue su contratación en el sector público.

MAS HALLAZGOS:

Otra situación preocupante fue que en 20 entidades se contrataron a directivos bajo la modalidad de locación de servicios para cumplir funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, lo cual afecta la naturaleza y legalidad de la contratación. Los casos se encontraron en las regiones de Áncash (5), Puno (5), Ayacucho (3), Huánuco (2), Ica (2), Apurímac (1), Pasco (1) y San Martín (1).

Además, se identificaron a 16 entidades con directivos públicos que no tenían la condición de “habilitados” en sus respectivos colegios profesionales. Esta situación ocasiona el riesgo de carencia de legalidad en los actos propios del desempeño de sus funciones. Las entidades comprometidas se ubican en Lima Metropolitana con cuatro casos; Cajamarca, Ica, La Libertad y Lima Provincias con dos casos cada una; y Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios y Tacna con una entidad en cada región.

Finalmente, en 27 entidades se identificaron deficiencias en el ordenamiento, archivo y custodia de documentos en los legajos personales de directivos públicos, lo que significa un riesgo que puede afectar la integridad de la información que sustenta la designación de esos directivos públicos.

RECOMENDACIONES:

En base a estos resultados, la Contraloría recomendó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a evaluar la pertinencia de brindar acceso a las plataformas de debida diligencia del sector público a los jefes de los Órganos de Control Institucional (OCI) de la Contraloría, lo cual permitirá contribuir a las labores de control gubernamental.

Mientras que a SERVIR se recomendó que, en el marco de la Ley N° 31419 y su reglamento, evaluar la emisión de una normativa actualizada con relación a la gestión de legajos de las entidades públicas, puesto que el Manual Normativo de Personal N° 005-94-DNP “Legajo de Personal” se encuentra desactualizado.

Asimismo, en el marco de sus atribuciones, se le sugirió realizar las acciones de supervisión que correspondan para asegurar el cumplimiento de los requisitos de directivos públicos establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento por parte de las entidades comprendidas en el presente informe, y así minimizar los riesgos advertidos e identificados durante el operativo.

Finalmente, se recomendó fortalecer las acciones de monitoreo y supervisión a las entidades públicas para prevenir el eventual incumplimiento del límite legal de cargos de confianza, que en ningún caso deberá ser mayor al del 5% del total de cargos o puestos existentes para las designaciones de servidores de confianza o el número máximo de 50.

CONTRALORIA DETECTO PERJUICIO DE S/. 21 MILLONES POR COMPRA DE MEDICAMENTO SIN SUSTENTO TECNICO, NI LEGAL PARA APLICARLO A PACIENTES CON CODIV-19

En el marco del Megaoperativo de Control 

al Gobierno Nacional

Adquisición de 480 000 unidades de Vasopresina fue realizada mediante contratación directa en el año 2020.

430 760 unidades (89.7% de la compra) fueron dadas de baja sin ser distribuidas a los hospitales por no existir necesidad de aplicar dicho medicamento.

436 755 unidades del medicamento vencieron entre el 31 de mayo y 31 de julio de 2022.

En el marco del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, la Contraloría General detectó un perjuicio económico de S/ 21 372 620 contra el Estado, debido a que en el año 2020 funcionarios y servidores del Ministerio de Salud (MINSA) adquirieron 480 000 unidades del medicamento Vasopresina, sin contar con sustento técnico, ni legal que respaldara la necesidad de su aplicación en el tratamiento de pacientes con Covid-19 en estado de shock séptico en los establecimientos de salud del sector público. La compra se efectuó mediante una contratación directa, bajo la causal de situación de emergencia.

El Informe de Control Específico N° 006-2023-2-0191-SCE, que comprendió el período del 11 de marzo de 2020 al 27 de diciembre de 2022, revela, además, que del total de unidades del fármaco comprado, 430 760 (el 89.7%), vencidas entre el 31 de mayo y 31 de julio de 2022, fueron dadas de baja sin ser distribuidas a los hospitales públicos por no existir necesidad de aplicar dicho medicamento . En tanto, otras 5995 unidades distribuidas a los establecimientos de salud del Estado también vencieron en ese mismo período, por lo que se encuentran en proceso de baja. Es decir, en total 436 755 unidades de Vasopresina se encuentran vencidas.

La comisión de control evidenció que entre julio y octubre de 2020, el Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) pagó al contratista el importe de S/ 23 760 000 por la compra de las unidades del medicamento Vasopresina, que no eran estrictamente necesarios para la atención a los pacientes afectados por coronavirus en estado de shock séptico (afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa).

COMPRA DE MEDICAMENTO SIN SUSTENTO TECNICO, NI LEGAL

El informe de control señala que la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS) del MINSA solicitó en mayo de 2020 al CENARES la compra de 480 000 unidades de “Vasopresina 20UI INY 1 ml”, a pesar que dicho medicamento no estaba considerado en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales para el Sector Salud, ni en los productos farmacéuticos esenciales para el tratamiento del COVID-19 determinadas por el MINSA, ni se obtuvo la autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID) para realizar dicha compra, y no existía desabastecimiento de los vasopresores de primera elección que sí se utilizaban en el tratamiento del coronavirus.

Cabe precisar que, durante la emergencia sanitaria por la pandemia, decretada por el Poder Ejecutivo el 11 de marzo de 2020, el MINSA -mediante un documento técnico- estableció para el tratamiento de pacientes con Covid-19 en estado de shock séptico el uso de los vasopresores norepinefrina y dobutamina. En dicho documento no se hace ninguna referencia al producto Vasopresina.

Asimismo, se evidenció que al mes de mayo de 2020 no hubo desabastecimiento en los establecimientos de salud de los medicamentos norepinefrina, ni epinefrina (medicamento que reemplaza a la norepinefrina), sino mas bien, hubo disponibilidad de 575 160 unidades de los referidos fármacos (vasopresores de primera elección) a nivel nacional y, adicionalmente, la DGOS y el CENARES venían requiriendo y efectuando más adquisiciones de dichos productos.

La comisión de control detectó también que el CENARES distribuyó solo 49 240 unidades de Vasopresina en los establecimientos de salud públicos a nivel nacional, debido a que no existió la rotación o necesidad del citado medicamento en los hospitales, quedando el saldo del fármaco (430 760 unidades) en el almacén del CENARES.

Por estos hechos, se identificó la presunta responsabilidad civil y/o administrativa de cuatro funcionarios y servidores de la DGOS y CENARES del MINSA.

Los resultados del informe de control fueron notificados al Procurador Público del Ministerio de Salud para que inicie las acciones civiles contra los involucrados, así como a la titular de la referida entidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas correspondientes.

DETECTAN PERJUICIO MAYOR A S/ 700 MIL POR IRREGULARIDADES DE ESLIMP CALLAO DEBIDO A SOBRECOSTOS DE VALORIZACIONES

En el servicio de baldeo y desinfección de espacios 

públicos en el Callao durante el 2020

Detectan perjuicio mayor a S/ 700 mil por irregularidades de ESLIMP Callao debido a sobrecostos de valorizaciones

La Contraloría General detectó que la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao (ESLIMP - Callao), incurrió en diversos hechos irregulares durante la prestación del servicio de lavado, baldeo y desinfección de espacios públicos del primer puerto en el año 2020, lo que ocasionó un cobro en exceso por S/ 767,731.00 en detrimento de los intereses de la Municipalidad Provincial del Callao.

Para efectuar el control posterior al servicio contratado se tomó una muestra de 14 áreas (de un total de 185) correspondientes a los lugares que fueron objeto del servicio durante el primer semestre del 2020.

Así, la comisión de control detectó que el metraje reportado y valorizado por ESLIMP Callao (121,652,41 m2) para el lavado y baldeo de plazas, parques, inmediaciones de mercados y otros espacios públicos del primer puerto, no concuerda con las medidas reales de las áreas baldeadas determinadas por la mencionada comisión (34,008,68 m2), revelándose la existencia de una diferencia total de 87,643,73 m2, lo que implicó un sobrecosto de las valorizaciones en S/ 480,874.00 soles.

Asimismo, se evidenció que, en el primer convenio marco de cooperación interinstitucional (enero a junio de 2020), suscrito entre ambas entidades, ESLIMP - Callao consignó medidas para 5 lugares, sumando un área total de 28,503,80 m2; sin embargo, en el segundo convenio (julio a diciembre 2020) a esos mismos lugares le asignó un área menor de 13,125,38 m2, es decir una diferencia de 15,378,42 m2 y un mayor cobro de S/ 154,724.00 soles.

Cabe señalar que los dos convenios marco tenían como finalidad desarrollar actividades de cooperación mutua sin fines de lucro referidos a la limpieza pública.

La comisión de control encontró también que, en el mes de junio de 2020, estando aún vigente el primer convenio marco, ESLIMP Callao aumentó en forma unilateral la tarifa por el servicio mencionado, sin contar con ninguna adenda suscrita que le dé validez jurídica y sustento para su aplicación.

Asimismo, se verificó que, en 4 lugares baldeados durante el segundo semestre de 2020, la medición de las áreas reportadas por ESLIMP Callao y las tomadas por la comisión de control no concuerdan, evidenciándose una diferencia de 16,619.85 m2 y un mayor cobro por S/ 132,132.00 soles.

De acuerdo al Informe de Control Específico N° 008-2021-2-4650-SCE, que comprende el período del 2 de enero al 31 de diciembre de 2020, por estos hechos irregulares se identificó presunta responsabilidad civil y/o administrativa en cuatro funcionarios y ex funcionarios de la Empresa de Servicio de Limpieza Municipal Pública del Callao.

El informe ha sido notificado a la presidencia del directorio de ESLIMP Callao para que disponga las acciones legales civiles contra los involucrados en el caso, así como el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades correspondientes.

Los ciudadanos pueden acceder a los resultados de este informe y de otros servicios, a través de nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria

CONTRALORÍA RECUERDA DEBER DE NEUTRALIDAD DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PÚBLICOS

La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su mandato constitucional, recuerda que es obligación de todas las autoridades, funcionarios/as y servidores/as de la administración pública hacer uso adecuado de los bienes y recursos públicos bajo su responsabilidad.

Las normas vigentes establecen sanciones administrativas y penales por destinar o autorizar el uso de infraestructura, bienes o recursos públicos en actividades ajenas a la función y/o quehacer institucional, entre ellas, las de proselitismo político.

En tal sentido, hemos dispuesto que los órganos de control a nivel nacional vigilen y supervisen que el uso de los bienes y recursos públicos se destinen a fines estrictamente establecidos en la Ley. 

Sin perjuicio de ello, corresponde también al Congreso de la República y al Ministerio Público realizar las acciones de fiscalización de acuerdo a sus atribuciones.

CONTRALORÍA REGISTRA AVANCE DE 53% EN INTERVENCIONES A ENTIDADES PÚBLICAS DEL CALLAO

A una semana del inicio del Mega Operativo de Control 

Regional en la Provincia Constitucional

De las 139 intervenciones iniciadas a la fecha, 71 corresponden a servicios de control posterior y simultáneo

A una semana del despliegue del Mega Operativo de Control Regional en el Callao, la Contraloría ha iniciado 139 intervenciones a entidades públicas de la provincia constitucional a nivel de gobierno nacional, regional y local (53% de las 262 intervenciones programadas), de los cuales 71 corresponden a servicios de control posterior y simultáneo, informó el contralor general, Nelson Shack Yalta.

“El Callao sufre desde hace años los embates de la corrupción y la inconducta funcional. Solo en el año 2019, la provincia constitucional habría perdido más de S 1000 millones por esos flagelos”, dijo Shack Yalta durante la reunión que sostuvo con autoridades del Gobierno Regional del Callao, a quienes expuso los alcances y objetivos de la nueva estrategia de control con enfoque territorial que se desplegó en la provincia constitucional desde el 3 de noviembre último.

Los servicios de control simultáneo están orientados a alertar a los gestores públicos sobre situaciones adversas en procesos en marcha para que se efectúen las correcciones necesarias, mientras que los servicios de control posterior detectan posibles hechos irregulares y determinan la presunta responsabilidad penal, civil y/o administrativa en la que habrían incurrido funcionarios y servidores públicos.

REUNIÓN EN EL GORE CALLAO

Durante la reunión, el Contralor General informó a las autoridades que a partir del 2021 el Órgano de Control Institucional (OCI) del GORE Callao dependerá íntegramente de la Contraloría para garantizar una labor de control con autonomía e independencia.

Asimismo, propuso fortalecer las capacidades fiscalizadoras de los consejeros y funcionaros del referido gobierno regional, mediante la suscripción de un convenio interinstitucional para que la Escuela Nacional de Control (ENC) brinde cursos de capacitación virtual. “Nadie puede controlar lo que no conoce, pero para conocer se necesita acceso a la información”, enfatizó Shack Yalta.

La ejecución del Mega Operativo de Control Regional en el Callao, que concluirá en febrero del 2021, tiene como meta intervenir 55 entidades públicas con 118 servicios de control posterior, 70 servicios de control simultáneo, 55 servicios relacionados (evaluación de denuncias y recopilación de información) y 19 acciones de prevención e integridad, que involucran a la sociedad civil y organizada del Callao.

DEFICIENCIAS EN SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD Y SEGURIDAD CIUDADANA CONCENTRAN DENUNCIAS EN EL CALLAO

Durante Audiencia Pública en el marco del Mega 

Operativo Regional del Callao

En actividades previas al Mega Operativo de Control Regional Callao, la Contraloría General identificó como principales problemas que aquejan a la ciudadanía en la provincia constitucional del Callao, la deficiencia de servicios en hospitales públicos, en seguridad ciudadana y en el dictado de clases virtuales a escolares, así como inquietudes sobre el uso y distribución de canon, y presuntas irregularidades en las contrataciones de personal en municipios. 

La demandas y alertas de la población del Callao fueron expresadas en la Audiencia Pública Virtual “La Contraloría te escucha”, que contó con la participación de 226 ciudadanos y representantes de la sociedad civil. 

Las entidades del Callao que concentran el mayor número de quejas por parte de la población son el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial y el Hospital Nacional Daniel A. Carrión (administrado por el GORE). Asimismo, se registraron alertas sobre el desempeño de las municipalidades distritales de Ventanilla y Carmen de la Legua Reynoso. 

Además de la Audiencia Pública, equipos de la Contraloría se reunieron con representantes de más de 20 colegios profesionales del Callao, como el de contadores, abogados, ingenieros, enfermeros, entre otros, así como con la Cámara de Comercio del Callao. 

Frente a las numerosas denuncias de presuntas irregularidades, la Contraloría iniciará próximamente el Mega Operativo de Control Regional Callao con la finalidad de reducir el impacto de la inconducta funcional y la corrupción en los servicios públicos de la provincia constitucional, para lo cual se desplegará un gran equipo de profesionales y logístico que supervisará las instituciones analizadas.

La Provincia Constitucional del Callao tiene un Presupuesto Institucional Modificado  (PIM)  de S/ 5,454'489,480 y un avance en su ejecución de S/ 3,453'207,484 que equivale al 63% (devengado), según el portal de Transparencia Económica del MEF.

TRABAJADORES DE LIMPIEZA PUBLICA NO RECIBIERON SUFICIENTES MASCARILLASW NI EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DEL MINAN

En 26 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y Callao

Municipalidades también deben implementar medidas de prevención

La Contraloría General alertó que los trabajadores de limpieza pública de 26 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y el Callao no han recibido la cantidad suficiente de mascarillas ni otros Equipos de Protección Personal (EPP) para prevenir el COVID-19, debido a que el Ministerio del Ambiente (MINAM) atendió parcialmente sus requerimientos, existiendo el riesgo de desabastecimiento de implementos necesarios para proteger la salud del personal durante la Emergencia Sanitaria.

Como se recuerda, el MINAM cuenta con un presupuesto de S/ 14´535,709 para atender los requerimientos de los gobiernos locales de Lima y Callao, y del Ministerio de Salud (MINSA) para el manejo y tratamiento de residuos municipales y biocontaminados durante la pandemia por COVID-19 (Decretos de Urgencia Nº 026-2020 y N° 057-2020).

En la Orientación de Oficio N° 6018-2020-CG/SADEN-SOO, la Comisión de Control evidenció que 26 de los 28 gobiernos locales supervisados entre el 19 de mayo y el 12 de junio no recibieron en su totalidad los EPP esenciales solicitados al MINAM.

Al cierre del informe, existía una brecha no cubierta de 45,950 mascarillas para los trabajadores municipales de limpieza de 23 comunas distritales. Mientras que en otras tres entidades también existe un saldo por cubrir.

Las 23 municipalidades que recibieron “cero” mascarillas a pesar de haber solicitado al MINAM este implemento básico para prevenir el coronavirus son: Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Ate, Comas, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres, Chorrillos, Independencia, Los Olivos, Santa Rosa, San Luis, Barranco, Breña, Jesús María, Lince, Magdalena del Mar y Pueblo Libre (Lima Metropolitana). Además de los gobiernos locales de Mi Perú, Ventanilla, Bellavista, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla y La Punta (Callao).

En las comunas distritales de San Juan de Lurigancho, La Victoria y Santa Anita también persiste un saldo por cubrir según el requerimiento realizado al MINAM, consignado en las actas de visitas de control.

Cabe destacar que existen otros equipos de protección personal solicitados por las municipalidades que al mes de junio no fueron atendidos por el MINAM como: guantes (1898), polos (1485), pantalones y camisas de trabajo (1335), gorros (1148), zapatos de seguridad (1018) para los trabajadores de limpieza de las municipalidades.

Ante la falta de EPP, los gobiernos locales tienen que adquirirlos con sus propios recursos. Precisamente, las visitas de control se programaron como resultado de la atención de denuncias ciudadanas presentadas durante el estado de Emergencia Sanitaria por COVID-19.

Al 24 de junio, el MINAM había ejecutado el 4.4% de S/ 14´535,709 de sus recursos disponibles para apoyar a los gobiernos locales de Lima y Callao, así como al MINSA, según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La Contraloría General ha solicitado al MINAM adoptar medidas preventivas y correctivas inmediatas a fin de reducir el riesgo de desabastecimiento en las municipalidades y de la propagación del COVID-19.

Municipalidades también tienen que implementar medidas de prevención

Cuando la Contraloría General realizó visitas de control en 28 municipalidades distritales de Lima Metropolitana y del Callao, también se advirtieron riesgos de contagio de COVID-19 entre el personal de limpieza, los cuales deben ser m
itigados de inmediato por las autoridades ediles a fin de prevenir la propagación del coronavirus.

Los principales hechos advertidos durante las visitas de control fueron:

· En 17 municipalidades distritales no se determinaron los puestos de trabajo con mayor nivel de exposición al COVID-19, lo que resulta fundamental para poder brindar objetivamente los EPP adecuados, según la labor que realiza, lo que podría generar el riesgo de no dotarles los equipos necesarios para proteger su salud y prevenir la propagación del coronavirus.

· El personal de limpieza de 21 gobiernos locales visitados no habría sido debidamente capacitado sobre medidas de prevención y uso de equipos de protección personal (EPP), generando riesgo de afectar la aplicación de las medidas de protección de la salud y prevención de contagios por COVID-19.

· En 22 municipalidades no se habrían implementado programadas o convenios de vacunación contra la influenza o neumonía, generando el riesgo de afectar la salud del personal y no prevenir el COVID-19.

· En 17 entidades los trabajadores de limpieza pública llevan sus implementos y equipo no desechables a su domicilio, generando riesgo para su salud y los miembros de su hogar, así como de propagación del COVID-19. Mientras que en otros 17 gobiernos locales no cuentan con espacios para limpieza y desinfección de los uniformes y equipos no desechables, o estos no son adecuados, lo cual podría generar riesgo de que estos no sean desinfectados adecuadamente.

· En 16 municipalidades distritales se carece de un inventario de almacén de los Equipos de Protección Personal (EPP) destinado a los trabajadores de limpieza pública, lo cual podría generar el riesgo de que no exista un adecuado control de los implementos de seguridad personal.

· 12 gobiernos locales no cuentan con un registro de entrega de EPP al personal de limpieza, el registro se encuentra desactualizado o presenta inconsistencias, lo cual genera el riesgo de que no exista un adecuado control en su distribución.

· En 22 municipalidades no se habilitaron contenedores con tapa para la disposición final de EPP de un solo uso, lo que genera el riesgo de contaminación y propagación del coronavirus, entre otros hechos identificados.

La Contraloría General comunicó a los titulares de los 28 gobiernos locales visitados y al MINAM los resultados de las visitas de control a fin de que adopten de inmediato las medidas preventivas y correctivas que permita superar los hechos identificados, las cuales deben figurar en un Plan de Acción que remitirán a sus respectivos Órganos de Control Institucional (OCI) quienes se encargarán de realizar un seguimiento. Los informes de control fueron publicados en www.contraloria.gob.pe.

El lunes pasado, el MINAM presentó su Plan de Acción con medidas para superar la situación adversa identificada. Según el MINAM, las acciones correctivas están en proceso de implementación y los riesgos quedarán superados el próximo 31 de julio.