Preocupa el abandono que se genera al interior de la familia.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, se pronunció hoy a favor de la creación de un procedimiento específico para la atención de personas adultas mayores en abandono y la instancia responsable de su implementación; para lo cual explicó que será necesaria la modificación de la Ley N° 28803, de la Ley de Personas Adultas Mayores
Dicho procedimiento deberá incluir las medidas urgentes para garantizar la integridad física y psíquica de la persona adulta mayor abandonada, la obligación de agotar las vías necesarias para la identificación y ubicación de los familiares así como el acceso a servicios integrales para el mejoramiento de su calidad de vida, entre otros aspectos, sostuvo el funcionario durante su intervención en el foro "Envejeciendo con Dignidad y Sin Violencia".
“A la persona adulta mayor debe garantizársele, en la misma magnitud que a todos los demás ciudadanos y ciudadanas, el ejercicio de todos sus derechos, respetando su independencia y autonomía. Lo que significa garantizarles una vida libre de maltratos físicos o mentales sin ningún condicionamiento impuesto por las características propias de la edad”, subrayó Vega.
Según el INEI en el año 2014, las personas adultas mayores representan el 9,4% de la población total y se proyecta que en el año 2021 este porcentaje se incremente al 11,2%, refirió el funcionario durante su intervención
Más adelante, el Defensor del Pueblo llamó la atención en un tipo de abandono que muchas veces no es percibido: el que se produce en el hogar, cuando los familiares omiten su deber de cuidado (brindar alimentación, vestido, servicios básicos, atención médica, los medicamentos que requiere para el tratamiento de su enfermedad, entre otros), lo que representa la presencia de violencia familiar omisiva.
A continuación, Vega orientó su preocupación hacia el trabajo no remunerado de las mujeres adultas mayores que cuidan a sus nietos y nietas e incluso a otras personas adultas mayores, permitiendo con ello que otros miembros de la familia puedan trabajar, lo que debe constituir parte del cambio. “Desde la Defensoría del Pueblo exhortamos al Estado a garantizar servicios de cuidado óptimos, desde el ámbito público, privado o en el hogar, permitiendo con ello que una mayor cantidad de hombres y mujeres sean capacitadas para cumplir con esta labor”, acotó.
Otro de los principales cambios que necesitamos instaurar –apuntó- está referido a fortalecer al sistema previsional como una garantía de que las personas adultas mayores contarán con recursos para su libre desarrollo y autonomía. “En este ámbito, si bien se ha avanzado en los últimos años, aún hay mucho por hacer, pues persisten las demoras en la atención de las solicitudes de pensión y en la verificación de aportaciones. Asimismo, la pensión mínima que reciben muchas personas resulta insuficiente y requiere ser actualizada, dentro de un marco que garantice, a la vez, la responsabilidad fiscal del Estado”, subrayó.
De otro lado, según información del Ministerio de Salud (MINSA), entre los años 2012 y 2013, se registraron 28 casos de personas mayores en situación de abandono, acogidas en 11 instituciones de salud de Lima y Callao. En lo que va del año, el Hospital “Cayetano Heredia” señaló que cuentan con 2 nuevos casos y el Hospital de Vitarte con 1. Estos han sido derivados a un centro de atención residencial.
Durante los años 2010 y junio del 2014, los Centros de Emergencia Mujer atendieron 8546 personas de 60 o más años afectadas por violencia familiar, de las cuales 6132 corresponden a violencia psicológica de las cuales 305 se encontraban en estado de abandono, 2246 violencia física y 168 violencia sexual.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo viene atendiendo quejas que afectan a las personas adultas mayores, principalmente en el ámbito de la seguridad social, pensiones. En el año 2013 se atendieron 4382 quejas a nivel nacional de personas adultas mayores, siendo la ONP la institución más quejada. En el mismo periodo, se han recibido quejas relacionadas al derecho a la pensión, salud, acceso a la justicia, entre otros.
La Defensoría del Pueblo recuerda que frente a cualquier caso de afectación de los derechos de las personas adultas mayores, estos pueden ser dados a conocer ante la Policía Nacional del Perú, las Sociedades de Beneficencia Pública, municipalidades, gobiernos regionales, Ministerio Público, Ministerio de la Mujer y a esta institución.
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