Frente al actual contexto electoral en el que se observa tensiones y desconfianzas, la Defensoría del Pueblo considera necesario señalar lo siguiente:
1. Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas, partidos políticos, candidatos y candidatas, autoridades electorales y medios de comunicación a reafirmar su compromiso de preservar y fortalecer las instituciones de nuestra democracia que tantas veces en nuestra historia nos ha costado recuperar. Es necesario que todos hagamos el mayor esfuerzo para consolidar la legitimidad de los resultados del proceso electoral.
2. Este proceso ha hecho evidente las fisuras y debilidades de la normativa electoral que fueron advertidas por los órganos del Sistema Electoral y que no fueron superadas en su oportunidad. Por ello, estamos constatando que las modificaciones normativas realizadas a último momento por el Congreso de la República han generado interpretaciones dispares, confusiones y suspicacias al haber sido escasamente explicadas y que son de difícil integración a la cultura política del país en tan corto tiempo.
En este contexto, y tal como lo hemos señalado anteriormente, corresponde a la justicia electoral la tarea de aplicar dicha normativa garantizando al máximo un proceso justo, competitivo, transparente y respetuoso de la voluntad ciudadana, que conduzca a la elección de autoridades legítimas.
3. En ese sentido, invocamos al Jurado Nacional de Elecciones y a los Jurados Electorales Especiales a redoblar sus esfuerzos para resolver con celeridad las controversias pendientes. Es indispensable que estas decisiones respondan a los principios constitucionales y democráticos con racionalidad, imparcialidad y coherencia y que estas sean informadas a la ciudadanía con la mayor transparencia.
Reconocemos que la garantía de la pluralidad de instancias y el derecho a impugnar las resoluciones están plenamente vigentes. Por consiguiente, frente a cualquier discrepancia con dichas resoluciones, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones está llamado a corregir los errores o deficiencias en los que pudieran haber incurrido los Jurados Electorales Especiales.
4. Reiteramos nuestro llamado a las agrupaciones políticas, a los candidatos y candidatas y a la ciudadanía a ejercer su derecho a expresarse públicamente sin recurrir a ningún tipo de violencia, insulto o agresión. Estas conductas solo generan riesgos para las personas y pueden afectar el proceso electoral. En la presente circunstancia es indispensable cautelar diligentemente los logros de nuestra democracia y buscar amplios consensos que permitan reformas institucionales hoy más que nunca indispensables en el proceso de democratización de nuestro país.
5. Exhortamos a los candidatos y candidatas a concentrarse en comunicar sus propuestas de gobierno, mostrar sus trayectorias personales y profesionales y debatir con transparencia y respeto sobre su visión del país y las medidas concretas que plantean para fortalecer la vigencia de los derechos de todos los peruanos y peruanas. Las campañas electorales son oportunidades de educación ciudadana que deben ser aprovechadas para cimentar la cultura democrática en nuestro país.
La Defensoría del Pueblo se mantiene atenta al desarrollo del proceso electoral en el marco de sus atribuciones de defensa de derechos y de supervisión de las instituciones de la administración pública y, en particular, las del sistema electoral.
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