Funcionarios de la Defensoría del Pueblo informaron las acciones que realizan
en la lucha contra la corrupción y promoción de la transparencia
La Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (Odecma) de la Corte Superior de Justicia del Callao a cargo del Juez Superior Titular Víctor Roberto Obando Blanco, realizó el IX Foro Ético denominado “Ética en la Administración Pública: Rol de la Defensoría del Pueblo” que contó con la participación de magistrados y auxiliares de justicia, así como representantes de la Sociedad Civil.
Al inaugurar el evento académico, el Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Rios Montalvo, felicitó la organización de los Foros Éticos a cargo de la Odecma Callao que buscan impulsar y propiciar espacios, a través del cual se difunden y analizan la ética judicial desde varias aristas.
Destacó que desde 1996, la Defensoría del Pueblo ha realizado diversas acciones con la finalidad de implantar una cultura de transparencia en la administración estatal y, por ende, un ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública.
Ríos Montalvo mencionó que la Corte Superior de Justicia del Callao y la Defensoría vienen realizando un trabajo de fortalecimiento de la justicia, a través de un estudio que identifique los principales problemas en materia de alimentos, pensiones y omisión a la asistencia familiar que se presentan en los juzgados y proponer mejoras en la calidad de la justicia.
Concluyó agradeciendo por la donación del libro “La Fortaleza de la Persuasión. 18 años de la Defensoría del Pueblo”, el mismo que contribuye a la promoción de los derechos fundamentales y constitucionales de las personas.
En tanto, el jefe de la ODECMA Callao, Víctor Roberto Obando Blanco, resaltó que el propósito de este noveno Foro Ético es generar un espacio de reflexión y debate que permita fortalecer, difundir y evaluar la ética judicial, pública y profesional.
“Hemos planteado el tema de “Ética en la Administración Pública” porque buscamos destacar que los derechos humanos son un tema transversal para la actividad pública y su vigencia debe ser plena en todos los actos de autoridades, ya sea nacional (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial), regional o municipal. Siendo la Defensoría del Pueblo la que debe estar al servicio de los derechos de los ciudadanos, tomando en cuenta las profundas diferencias sociales y económicas del país”, concluyó el titular de la oficina de control.
Manifestó también que la Defensoría ha logrado una vigorosa legitimidad en las tareas de su competencia, que la convierte en indispensable en el escenario institucional democrático del país. Fue un actor indispensable en la recuperación de la democracia, que le permitió ser considerada por la ciudadanía como la entidad de mayor credibilidad. Esto además de su conocimiento permite persuadir o convencer que sus recomendaciones son acertadas y razonables. Con ello se demuestra que es posible convencer sin sancionar.
Luego de ello, el abogado Porfirio Barrenechea Cárdenas, Defensor Adjunto del Programa de Ética Pública, Prevención de la Corrupción y Políticas Públicas de la Defensoría del Pueblo explicó que esta nueva área contribuye en la lucha contra la corrupción a través de la generación de información, supervisión de la política anticorrupción, denuncia ciudadana y seguimiento de casos, promoción de la ética pública y el derecho de participación, transparencia y buen gobierno, así como la elaboración de lineamientos de intervención, e informes y publicaciones destinados a contribuir en la solución de los problemas estructurales del país.
Para fortalecer la integridad y lucha contra la corrupción remitió al Poder Ejecutivo propuestas como elaborar una norma que obligue a declarar el posible conflicto de intereses de altos funcionarios del Estado, proteger al denunciante e incentivar la denuncia contra actos de corrupción, sancionar el incumplimiento de la Ley de Transparencia e implementar una norma que establezca criterios para la designación de altos funcionarios.
Por su parte, el Adjunto al Defensor del Pueblo en Asuntos Constitucionales, Omar Sar Suárez, se refirió al acceso a la información pública indicando que esta debe ser generada, producida o sea posesión de una entidad que presta servicio público y cualquier persona puede solicitarla, debe tener la máxima divulgación y el procedimiento será sencillo y célere.
Finalmente, la Defensora del Pueblo del Callao, Delcy Heredia Silva, dijo que cuando las investigaciones de esta institución estén referidas al ámbito de la administración de justicia, podrá recabar de las instituciones y organismos competentes la información que considere oportuna para estos efectos, sin que en ningún caso su acción pueda interferir en el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Si como resultado de su investigación, considera que se ha producido un funcionamiento anormal o irregular, lopondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, o del Ministerio Público, según corresponda.
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