miércoles, 29 de abril de 2026

GOBIERNO PRORROGO POR 60 DIAS EL ESTADO DE EMERGENCIA EN LIMA METROPILITANA Y EL CALLAO


La medida busca hacer frente a la 
criminalidad y regirá a partir de hoy, 29 de abril. La Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El Gobierno dispuso ampliar el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao por un plazo de 60 días calendario, con el objetivo de combatir la persistente ola de inseguridad ciudadana, sicariato, extorsión y otras situaciones de violencia.
La prórroga fue oficializada a través del Decreto Supremo Nº 062-2026-PCM, y entra en vigencia a partir de este 29 de abril de 2026. La norma detalla que la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, contando con el respaldo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Las zonas de intervención conjunta serán definidas mediante labores de inteligencia, indicadores y mapas del delito.
Derechos constitucionales restringidos
De acuerdo con el dispositivo legal, durante los 60 días de prórroga se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, la libertad de tránsito por el territorio nacional, la libertad de reunión, así como la libertad y seguridad personales dentro de las circunscripciones mencionadas.
Lineamientos para eventos masivos
El decreto también establece lineamientos claros para las concentraciones ciudadanas. Para la realización de actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, los organizadores deberán solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su respectiva evaluación técnica y de seguridad.
Por el contrario, el documento precisa que las reuniones o actividades que no tengan un carácter masivo podrán llevarse a cabo con normalidad y sin necesidad de tramitar un permiso previo.
La recomendación para extender esta medida de excepción fue formulada por la Comandancia General de la PNP, sustentada en diversos informes policiales que advierten sobre la perturbación del orden interno y el accionar de bandas criminales. El decreto lleva la rúbrica del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, junto al titular del Consejo de Ministros y los ministros de Defensa, Interior, Economía, Justicia y Transportes.




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