Ante los
comentarios emitidos por algunos medios de comunicación respecto a la labor que
viene desempeñando el Grupo de Trabajo de la Comisión de Transportes y
Comunicaciones del Congreso de la República, encargado de la Evaluación a las
Concesiones del Muelle Norte del Callao y del Puerto de Paita y; como Coordinador
del Grupo de Trabajo debo señalar lo siguiente:
1. El objetivo del Grupo de Trabajo es
evaluar las probables irregularidades en el proceso de concesión de ambos
puertos.
2. Somos conscientes de la necesidad que
tiene nuestro país de la Inversión Privada, sea ésta nacional o del exterior, y
corresponde a nuestro gobierno brindar las garantías que permitan promocionar
esa participación.
3. No es cierto como se ha señalado, que
algunos miembros de este Grupo de Trabajo contradigan la Política de Gobierno,
de promover la Inversión Privada en nuestro país.
4. Nuestro propósito es coadyuvar a que
estas inversiones sean llevadas de la manera correcta y que conlleven al
desarrollo del país permitiendo la inclusión social.
5. El hecho de probables irregularidades
de algún funcionario en particular no quiere decir que se esté en contra de la
Inversión Privada.
6. En el presente caso no debe olvidarse
que el Tribunal Constitucional resolvió declarar inconstitucional los Decretos
de Urgencia Nos. 001-2011 y 002-2011 que declararon de necesidad nacional y
ejecución prioritaria la Concesión del Terminal Norte Multipropósito del
Callao.
7. En los avances de la Investigación se
ha podido determinar que la Autoridad Portuaria Nacional, que tiene como
finalidad fortalecer el Sistema Portuario Nacional; su Presidente FRANK BOYLE
ALVARADO en su presentación en dicho Grupo de Trabajo, manifestó expresamente
que ENAPU S.A. YA NO EXISTE EN EL CALLAO, denotando su desinterés por esa
empresa nacional.
8. Adicionalmente el Presidente de la
Autoridad Portuaria Nacional ha señalado que el 17,01% de las probables utilidades
que pudiera recibir el Estado Peruano de la Concesionaria APM Terminals, no
cubriría los costos operativos que demandaría la administración de los
restantes puertos administrados por ENAPU, lo que obligaría al Estado Peruano a
desembolsar adicionalmente recursos para solventar los referidos puertos; más
aún, cuando es incierta la generación de utilidades y desde cuando el estado
los empezaría a recibir.
Lima,
02 de mayo de 2012
Atentamente,
ROGELIO CANCHES GUZMÁN
Congresista
de la República
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