FISCALÍA Y POLICÍA REALIZAN OPERATIVO PARA IDENTIFICAR CASOS DE RECEPTACIÓN DE CELULARES DE PROCEDENCIA ILEGAL

Además, se intervino vehículos privados para comprobar la veracidad 

de las licencias de conducir y las placas.

En el marco del turno fiscal, la Décima Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao y la Policía realizaron un operativo para identificar posibles casos de receptación de celulares de procedencia ilegal, licencias de conducir falsas o placas de vehículos adulteradas.

Las diligencias se realizaron, de manera simultánea, en el cruce de las avenidas Elmer Faucett con Venezuela y en la avenida Argentina (exteriores del centro comercial Minka), donde la Fiscalía corroboró la revisión de los códigos IMEI de los celulares para verificar si estaban reportados como sustraídos en la página web de Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

En tanto, la Policía realizó el control de identidad de peatones y pasajeros de vehículos de transporte público, control de documentos y verificación de las placas de los carros y las motos lineales particulares.

Durante la diligencia, se detectó que un peatón tenía un celular que estaba reportado como sustraído, por lo que el teléfono fue incautado para la investigación correspondiente. Asimismo, una moto lineal fue llevada al depósito como sanción administrativa, porque el conductor no tenía licencia de conducir. Y al frente de Minka, un conductor de automóvil fue intervenido porque estaba en aparente estado de drogadicción, este caso fue puesto en conocimiento de la Fiscalía de Tránsito y Seguridad Vial del Callao para que proceda según sus atribuciones.

SANCIÓN PENAL:

Según el artículo 194 del Código Penal, la persona que adquiere o recibe un bien de procedencia delictuosa será sancionada con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Y si hubiera agravantes, la pena puede llegar hasta los seis años.

Por su parte, el artículo 427 del Código Penal indica que, el ciudadano que hace uso de un documento falso o falsificado, como si fuese legítimo, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido con penas privativas de la libertad que van desde los dos hasta los diez años.