La Fiscalía probó que en los hechos ilícitos también participaron trece servidores públicos más y cuatro representantes de empresas privadas.
El exgerente general del Comité de Administración del Fondo Educativo del Callao (CAFED), José Julián García Santillán, otros dos funcionarios y dos representantes de una empresa fueron condenados a 30 años de cárcel por hechos de corrupción que afectaron al Instituto de Educación Superior Público Simón Bolívar.
La sentencia fue lograda por el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, tras demostrar que funcionarios del CAFED, entre ellos, la ex subgerenta de Logística, Verónica Adriana García Torres, el exgerente de Calidad Educativa, Luis Benjamín Escudero Ramírez, y la representante y miembro del Consorcio Simón Bolívar, Consuelo Gardet Hernández Castillo y Carlos Edgard Barreto Alvarado, cometieron los delitos de colusión agravada, falsedad ideológica y uso de documento falso, en perjuicio del Estado.
Tras determinar el grado de participación, también se obtuvo las siguientes sanciones penales: 27 años de pena privativa de la libertad contra la servidora de la Gerencia de Infraestructura y miembro del Comité Especial de Contratación, Sussan Katherine Nieves Bustillos; 18 años de cárcel para el exgerente de Presupuesto, Mario Martín Aliaga Mena, el miembro del Comité Recepción de Obra y miembro del Comité Especial, Juan Lizardo Rojas Estrada, los miembros del Comité Especial, Antonio Cirila Quispe Retamozo y Robin Orlando Ríos Sánchez, y la gerente general de Corporación Armas S.A.C., Olinda Vicenta Armas Vicharra.
Por su parte, la trabajadora de Logística del CAFED, Vanessa Suárez Canales, los miembros del Comité Especial Abilio Roger Ita Vera, Edward Francisco Loyola Pajuelo y Elard Huailla Aragón y el gerente general de la empresa Representaciones Zurita S.A.C., Jaime Hugo Cóndor Zurita, recibieron la pena de nueve años de cárcel.
Además, ante el requerimiento de la Fiscalía, todos los sentenciados deberán pagar de manera solidaria una reparación civil de S/2 146 580.00 y serán inhabilitados por dos años para ejercer cargos públicos.
HECHOS:En el juicio oral, el fiscal provincial Oscar Ricardo Vite Torre probó que, en diciembre de 2011, el CAFED inició el proceso de contratación para el mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura del Instituto Simón Bolívar. Y que, en febrero de 2012, se otorgó la buena pro al Consorcio Simón Bolívar para que elabore el expediente técnico y ejecute la obra. Sin embargo, los trabajos se habían iniciado en agosto de 2011 y concluyeron a mediados de 2012.
Esto se corroboró con declaraciones de los directores, personal administrativo, docentes y estudiantes del instituto, quienes fueron trasladados a otros centros educativos para recibir sus clases, mientras se ejecutaban los trabajos. Además, se evidenció con pericias de ingeniería civil que, el Consorcio Simón Bolívar realizó un expediente técnico deficiente y no ejecutó partidas obligatorias. A pesar de ello, el CAFED recibió y dio conformidad a la obra.
Además, se probó que funcionarios de CAFED también requirieron y dieron trámite a otros procesos de contratación por servicios de mantenimiento en el centro educativo superior, otorgaron la buena pro a otros proveedores y dieron conformidad de los servicios, pese a que esos nunca se ejecutaron.
No hay comentarios:
Publicar un comentario